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El caso Gusinsky contra Reynolds y lo que supone la Ley SB 29 para el Derecho de Sociedades de Texas

Un juez federal de Dallas ha desestimado una demanda derivada de accionistas contra el consejo de administración de Southwest Airlines, lo que supone la primera prueba judicial significativa de la Ley 29 del Senado de Texas (SB 29) y ofrece una orientación útil para las empresas que se enfrentan al cambiante panorama del gobierno corporativo en Texas.

El accionista de Southwest, Vladimir Gusinsky, demandó al consejo de administración de la aerolínea después de que este eliminara la política de «equipaje gratuito» a raíz de la campaña activista de Elliott Investment Management. Gusinsky poseía 100 acciones, menos del 0,00002 % de las acciones ordinarias en circulación de Southwest, y según los estatutos modificados de Southwest —posibles gracias a la promulgación de la ley SB 29— un accionista o grupo de accionistas debe poseer el 3 % de las acciones en circulación para interponer una demanda derivada. Gusinsky argumentó que el umbral de propiedad no debía aplicarse a su demanda porque había presentado su requerimiento al consejo de administración antes de que Southwest modificara sus estatutos. El juez Ed Kinkeade no estuvo de acuerdo y desestimó el caso con perjuicio.

Por qué es importante más allá del caso Southwest.La sentencia tiene tres consecuencias. En primer lugar, confirma que el umbral de participación accionarial establecido en la SB 29 es constitucional. En segundo lugar, establece que una carta de requerimiento de los accionistas no«inicia» un procedimiento derivado, sino que solo lo hace la demanda presentada. Y, por último, descarta las posibles vías alternativas propuestas para eludir el umbral de participación: las impugnaciones por retroactividad, las acusaciones de incumplimiento del deber fiduciario y el argumento de que dicho umbral es «irrazonable» han fracasado. En respuesta a la impugnación de la retroactividad presentada por Gusinsky, el Tribunal consideró que «el interés público que defiende la SB 29 es sólido» y citó favorablemente el análisis del proyecto de ley de la SB 29, según el cual la ley constituye «un paso audaz para convertir a Texas en la capital del derecho societario de Estados Unidos mediante la modernización del Código de Organizaciones Empresariales de Texas».

El proyecto de ley SB 29 se diseñó expresamente para convertir a Texas en la «capital estadounidense del derecho societario», y este dictamen supone su primera gran prueba de fuego ante los tribunales. La ha superado. Para las empresas que estén sopesando constituir su sociedad en Delaware o en Texas, este resultado debería tenerse en cuenta en su análisis. Los umbrales de propiedad son ahora una herramienta probada que merece ser tenida en cuenta, especialmente para los consejos de administración que buscan gestionar la exposición a litigios derivados sin eliminar por completo la responsabilidad de los accionistas. Tal y como se explica en el escrito de amicus curiae presentado por la Alliance for Corporate Excellence en este caso, el umbral de propiedad establecido por la ley «sirve como herramienta para limitar los procedimientos derivados abusivos que no cuentan con un amplio respaldo por parte de los propietarios de una sociedad (sus accionistas), se equilibró cuidadosamente para proteger los intereses de los grandes y pequeños accionistas, y es constitucional y coherente con la legislación vigente». A través de la SB 29, Texas ha permitido a las empresas adoptar disposiciones de gobernanza que reflejen sus necesidades y perfiles de riesgo, reforzando el esfuerzo general de Texas por mejorar su competitividad como domicilio corporativo. ��é������ Revitalización de los mercados de capitales de EE. UU.: Argumentos a favor de una reforma impulsada por los estados.

En resumen: Texas se toma muy en serio la competencia por atraer sedes corporativas, y los tribunales están respaldando las medidas competitivas adoptadas por el estado.

Puntos clave:

1. El umbral de participación accionarial del SB 29 supera su primer recurso.Southwest modificó sus estatutos para exigir que cualquier accionista que interponga una demanda derivada deba poseer al menos un 3 % de las acciones. El tribunal no encontró motivos para anular la restricción legal, confirmando así que el umbral funciona según lo previsto.

2. Las cartas de requerimiento no dan lugar a la interposición de la demanda a efectos de plazo.Gusinsky alegó que el umbral de participación accionarial no debía aplicarse a su caso porque había presentado su carta de requerimiento antes de que Southwest modificara sus estatutos para añadir dicho umbral. El Tribunal rechazó este argumento: una carta de requerimiento entregada al consejo de administración es algo totalmente distinto de un «procedimiento derivado», que solo se inicia tras su presentación ante el tribunal.

3. La impugnación por retroactividad fue desestimada en los tres factores.Gusinsky invocó la prohibición de las leyes retroactivas recogida en la Constitución de Texas y el criterio de los tres factores de Robinson(«[1] la naturaleza y la importancia del interés público que persigue la ley, tal y como se desprende de las conclusiones fácticas de la Asamblea Legislativa; [2] la naturaleza del derecho anterior menoscabado por la ley; y [3] el alcance del menoscabo»). El Tribunal falló en su contra en cada uno de los factores: la ley sirve a un interés público importante, cualquier derecho menoscabado pertenece a la sociedady no al accionista, y el impacto personal sobre el demandante es insignificante, ya que los demandantes derivados nunca obtienen personalmente una indemnización por daños y perjuicios.

4. Las reclamaciones por incumplimiento del deber fiduciario no pueden eludir el requisito de participación mínima.Gusinsky intentó reformular la impugnación del requisito de participación mínima como una solicitud de sentencia declarativa, pidiendo al Tribunal que declarara que la adopción de dicho requisito constituye en sí misma un incumplimiento del deber fiduciario. El Tribunal no se mostró convencido y sostuvo que el demandante no puede utilizar una alegación de incumplimiento del deber fiduciario para eludir el requisito del umbral del 3 %.

5. El argumento contractual de la «sorpresa injusta» no prosperó.Gusinsky alegó que los estatutos eran abusivos porque se aprobaron apenas unas semanas después de su carta de reclamación, lo que sugería que el consejo de administración le estaba tomando como blanco específicamente. El Tribunal señaló la explicación más obvia: el consejo modificó sus estatutos dos días después dela aprobación de la Ley SB 29, por lo que era igualmente plausible que simplemente estuvieran actuando en virtud de la nueva autoridad legal de que disponían.

6. El principio de la publicidad de las vistas y los argumentos «federales».La demanda de Gusinsky planteaba impugnaciones a la ley SB 29 basadas en el principio de la publicidad de las vistas y en la legislación federal. Dado que su escrito de contestación no ofrecía ningún argumento que respaldara ninguno de estos puntos, el Tribunal consideró que ambas teorías habían sido abandonadas.

7. Denegación de la solicitud de modificación.Gusinsky solicitó, con carácter subsidiario, que se reformularan sus reclamaciones como directas en lugar de derivadas. El Tribunal denegó esta solicitud, reafirmando la doctrina consolidada de que las reclamaciones por incumplimiento del deber fiduciario contra los consejeros pertenecen a la sociedad y no pueden reformularse como reclamaciones directas de los accionistas.